En Tucumán, como en el resto del país, el ciclo lectivo 2021 se despide sin haber saldado las grandes deudas contraídas con la educación, no sólo en 2020, con el cierre total de las escuelas, sino también desde antes. Nadie se ahorra el dinero que no se invierte en el mantenimiento de las escuelas, en mejores sueldos docentes o en conectividad para que los chicos puedan estudiar. Esa deuda se paga igual y de la peor manera, se la cobra el futuro del país.
Durante este año, la presencialidad plena fue más una expresión de deseo que una realidad en las escuelas de Tucumán. Al país, en general, no le fue mejor: ocho de cada 10 (82%) escuelas primarias estatales combinaron clases presenciales y virtuales. En la segunda mitad del año aun había un 47,5% de escuelas que mantenían la bimodalidad, según una investigación realizada por el Observatorio Argentinos por la Educación.
¿Cuál fue la razón de que niños y jóvenes no pudieran volver a las aulas? El mal estado de los edificios, la falta de agua potable, baños rotos, ausencia de personal auxiliar, vacantes sin cubrir y demoras en las juntas de clasificación, entre otras. El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer trató de ocultar esa realidad durante la interpelación que le hizo la Legislatura y después de un año de resistir, se develó el misterio. A propósito de una ley para poder comprar materiales de construcciones escolares en forma directa y sin licitación, saltó la verdad. Un relevamiento hecho por el Ministerio de Educación de la Provincia admitía lo que el ministro había negado durante el año, el abandono de casi la mitad de los edificios donde funcionan las escuelas públicas: de 874 inmuebles relevados, 393 (45%) presentan un estado general malo (7%) o regular (38%), y necesitan ser reparados. El 4% (unos 50 inmuebles) no tiene agua potable, el 49% tiene baños en mal estado (más de 400).
Las consecuencias de tantos niños y jóvenes sin clases presenciales durante tanto tiempo va a verse a futuro y no tan solo en las pruebas de calidad. Pero como decíamos al principio, la deuda con la educación viene desde antes de 2020. El mal rendimiento en las evaluaciones del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Unesco, demostró que los alumnos argentinos que cursan el nivel primario quedaron por debajo del promedio regional en lectura y matemática.
Pero el daño realizado a los estudiantes por el pésimo servicio educativo no es solo de nivel cognitivo, sino también afectivo y social. Las consecuencias se verán con los años. Este mes se firmó un Acta Acuerdo de Fortalecimiento Educativo para el desarrollo de obras de infraestructura y compra de equipamiento para escuelas tucumanas por un monto superior a $1.000 millones. Es de esperar que se terminen de reparar las escuelas, pero ya será para el año próximo.
Para 2022 se prevén 190 días de clases. Con que se cumplieran efectivamente 180 para todos los alumnos (y no solamente para los docentes como fue este año) estaríamos mejor que en 2020 y en 2021.
En definitiva, el gobierno deja pendientes varias materias para 2022. Pero no debería creerse con tantas facilidades como las que otorga el propio Estado a los alumnos para promocionar el año. Este aplazo en materia de Política Educativa es real, aunque no figure en ningún boletín, lo veremos caminando por la calle.